A José Enrique Crousillat, quien le vendió la línea editorial de América Televisión al régimen fujimorista a cambio de varios fajos de dólares, ya no le preocupan los “ampays’ que demuestran que goza de mejor salud que nunca, por lo que no se justifica el indulto otorgado por el presidente Alan García. Y al Ejecutivo tampoco le preocupa hacerse de la vista gorda sobre este evidente engaño.
Pero, mientras el Gobierno se cruza de brazos en el tema, la Procuraduría Anticorrupción ha iniciado un rastreo exhaustivo de las propiedades que el broadcaster pudiera tener tanto en Perú como en Argentina. Crousillat fue sentenciado por peculado y asociación ilícita para delinquir.
A FAVOR DEL ESTADO. De acuerdo con información obtenida, la Procuraduría a cargo de Pedro Gamarra ha solicitado a la Oficina de Registros Públicos información detallada sobre las propiedades registradas a nombre de Crousillat y de sus hijos Marisol, José Francisco, Malú, Ximena, Frances y Karen, a fin de determinar si los bienes fueron transferidos por el padre para evitar el embargo.
“Estamos tratando de ver los medios para cobrar la reparación civil que el señor Crousillat le adeuda al Estado, que asciende a S/.80 millones. Él ha indicado que no tiene solvencia económica para cumplir con los depósitos, pero su estilo de vida revela que esto no es del todo cierto”, manifestó el procurador Pedro Gamarra.
Asimismo, reveló que se ha requerido información sobre las propiedades que el patriarca de los Crousillat pudo haber adquirido en Argentina. “Parece que todas han sido inscritas a nombre de empresas off shore para ocultarlas en prevención de un posible embargo. Eso hace el rastreo más difícil”, añadió Gamarra. Pero, ¿y qué pasaría si Crousillat –como parece ser su intención– no paga la reparación civil y no se consigue el embargo de sus bienes? Nada.
“Lamentablemente, por deuda no hay prisión. Estamos corriendo contra el reloj porque las deudas tienen fecha de caducidad. El poco personal a mi cargo está tratando de encontrar la forma de cobrar la reparación”, remarcó. A la fecha, la Procuraduría –que labora con personal mínimo luego de que el Ejecutivo decidiera no renovar algunos contratos– solo ha logrado cobrar poco más de S/.10 mil sobre los más de S/.80 millones que se le impuso a Crousillat como indemnización.
REACCIONES. Por su parte, ayer, el premier Javier Velásquez dijo que, para el Gobierno, “el caso ya está cerrado”, y señaló que el indulto se dio por informes del INPE. Consultado por Perú.21, el vicepresidente de esta institución, general Manuel Acuña, declaró que el caso ya está fuera de su jurisdicción. “No hay ninguna investigación interna al personal que elaboró los informes, y esta situación ya se ha dado por concluida”, puntualizó.
Al otro lado de la orilla, congresistas de la oposición, como Raúl Castro (UN) y Daniel Abugattás (Nacionalista), exigieron al Gobierno no solo una investigación, sino también la nulidad del indulto al saludable Crousillat.
